El Ministerio de Educación prevé que el 17 de enero de 2022, toda la población estudiantil del país vuelva a clases presenciales, en un proceso gradual que empezará el próximo 22 de noviembre con un grupo de bachillerato técnico y rural; y que ofrecerá como alternativa a quienes no puedan o no deseen volver a las aulas, la posibilidad de un traslado a un establecimiento de educación a distancia.

Así lo reiteró este martes 9 de noviembre la ministra de Educación, María Brown, durante una rueda de prensa en Quito, en la que dio detalles sobre la propuesta de esa Cartera de Estado, que aún debe recibir la aprobación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, que se reunirá para el efecto el 15 de noviembre.

El cronograma de ingreso propuesto por el Ministerio de Educación

2 de noviembre: Bachillerato Rural y Bachillerato Técnico. 402.309 alumnos

6 de diciembre: Los demás bachilleratos y básica superior: 1'872.309 alumnos (Por ser feriado, en Quito el ingreso sería el 7 de diciembre)

17 de enero: Toda la población estudiantil. Unos 4,3 millones de alumnos

La autoridad hizo algunas precisiones y ampliaciones a la propuesta que había adelantado en días pasados. Entre ellas, que no será obligatorio el uso de uniformes ni la compra de útiles escolares para quienes vuelvan a las aulas.

De igual modo, aclaró que habrá "excepcionalidades" a la eventual disposición del retorno físico a las aulas, sea porque se trate de alumnos con problemas de movilidad, de riesgo en su salud o porque sus padres no desean enviarlos. Ellos serán trasladados o cambiados del plantel en que están matriculados a uno con modalidad a distancia.

Los padres de familia deberán realizar la respectiva solicitud a través del Distrito educativo al que pertenezca el alumno. Brown indicó que por ahora solo hay dos establecimientos educativos fiscales con modalidad a distancia en el país, uno en la Costa y otro en la Sierra, pero acotó que en ellos no hay límites de cupos.

No obstante, la ministra reiteró la invitación a los padres de familia a vacunar a sus hijos y enviarlos a clases presenciales, no solo para recuperar la parte académica, sino también por el beneficio socioemocional que esto representa para los niños y adolescentes.

Brown también citó las cifras del avance de la vacunación contra la COVID-19 en estos grupos poblacionales, así como el bajo índice de contagios entre quienes asisten a clases presenciales desde el 7 de junio pasado; y afirmó que estos indicadores han servido de base a la decisión que ha tomado la cartera de Estado.

Sobre la situación de los establecimientos educativos, la ministra reconoció que hay algunos que no están en condiciones para garantizar la seguridad de los estudiantes, por lo que los alumnos serán reasignados a los espacios físicos de otras instituciones públicas o fiscomisionales.

De igual modo, aceptó que habrá planteles que acogerán el retorno de los estudiantes, sin estar totalmente adecuados, pero aseguró que ello no supondrá poner en riesgo la seguridad de los alumnos. Acotó que existe un presupuesto y plan de inversiones para el mantenimiento de las instituciones educativas.

La ministra resaltó la colaboración de los padres de familia y el aporte de la comunidad y otras entidades para rehabilitar los locales, pero advirtió que los padres no tienen la obligación de dar una contribución económica. Y pidió que, si existe esa exigencia, sea denunciada.

De igual modo, adelantó que los profesores recibirán una vacuna de refuerzo contra la COVID-19, según el tiempo en que recibieron la segunda dosis, lo cual será programado por el Ministerio de Salud Pública.