El exceso de pasajeros es el mal de cada día en la capital. Para la usuaria Samanta Silva, es una preocupación.

“Se supone que debe haber distanciamiento, cumplimiento de aforo”, dice la joven de 27 años, quien se transporta todos los días desde Calderón hasta Carcelén, para ir a su trabajo.

“La cobradora me dijo que tenían autorización para llevar cinco personas paradas, pero se pasan”, lamenta.

Por esa razón, Samanta no estaría dispuesta a pagar el incremento del pasaje, el cual podría establecerse en 35 centavos de dólar desde el 1 de marzo.

Sin embargo, Jorge Yánez, dirigente de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, indica que el gremio está listo para el alza. “Hemos implementado tecnología a 2.500 unidades para controlar la calidad”, asegura.

Se trata de GPS navegadores que permitirían vigilar si los conductores se salen de la ruta y respetan las paradas, los tiempos y más. Pero para ello debería existir una plataforma que acopie la información. “Algo parecido al sistema del 911”.

Para ello, el 15 de enero 65 operadoras de buses firmaron condiciones que se incluyeron en los contratos de servicio con la Secretaría de Movilidad.

No tan rápido

Santiago Guarderas, presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, explica que aún nada está dicho. Desde la entidad se ha evidenciado que esas condiciones no cumplen con los 28 indicadores de calidad que se establecen en la ordenanza. “Lo del GPS es solo uno de esos”, explica.

Para ello, la comisión solicitó un informe a la Procuraduría del Municipio, que se conocerá en esta semana. Podría ser llevado al Legislativo.

Por su parte, el edil Fernando Morales agrega que el incremento de pasajes debió ejecutarse incluso antes del 1 de marzo, como algunas de las etapas establecidas en la ordenanza. Sin embargo, considera que el gremio no cumple con los requisitos.

En la ordenanza, que se hizo con autoridades, gremios y ciudadanos, habría inconsistencias. La tarifa desde la estación Río Coca hasta El Quinche es de más de un dólar, mientras que la ruta Río Coca-Tababela supera los dos. “No tiene sentido si Tababela es más cerca”, sostiene el concejal.

Además dentro de la ordenanza no existirían los parámetros necesarios para exigir a los transportistas que cumplan con los requisitos.

Yánez acota que los dueños de las unidades han hecho inversiones importantes para implementar tecnología, a pesar de las pérdidas generadas por la pandemia de COVID-19. “Ahora mismo está operando solo el 60 % de la flora, porque en algunos tramos ya no hay demanda de pasajeros”.