Un apellido con tradición en política. Y también en las polémicas, las denuncias, las fugas, los problemas y, de hace unos pocos años acá, hasta en la farándula. Se trata de los Bucaram, por estos días en el ojo de la justicia ecuatoriana, que continúa investigando supuestos actos de corrupción.

Con el discurso aprendido de ‘Viva la Patria’, Jacobo Bucaram, el último en problemas, salió ayer a responder, vía Twitter, los señalamientos que le realizó la fiscal de Pichincha, Claudia Romero.

Ella relaciona a Bucaram Pulley con la supuesta entrega de $ 321.000 a los extranjeros Shy Dahan y Oren Sheinman, detenidos el pasado 1 de junio en Santa Elena y actualmente procesados por presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado, delincuencia organizada, falsificación y uso de documentos falsos.

“Fiscal @FiscaliaEcuador #dianasalazar hasta cuándo permite este linchamiento en contra de mi familia para ocultar los verdaderos problemas del país”, dice en un tuit desde su cuenta @jacobobuc10.

Lo hace en un hilo (serie de mensajes) en el que además acusa a la prensa de linchamiento, se defiende de las acusaciones mientras acusa a otros y pide que “busquen otro gil para que lo utilicen de noticia”.

“(...) Bienaventurados los perseguidos porque de ellos será el reino de los cielos; VIVA LA PATRIA @abdalabucaram”, agrega en otro mensaje. El cierre de este tuit menciona a la cuenta de su padre, el expresidente Abdalá Bucaram, quien desde el pasado lunes utiliza un grillete electrónico en su tobillo.

El dispositivo de rastreo fue colocado luego de la orden de un juez dentro de la investigación que se sigue en su contra por el presunto delito de tráfico de armas y municiones.

Pero los Bucaram siguen sumando líos. La Fiscalía solicitó ayer fecha para formular cargos contra padre e hijo, por el presunto delito de transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes de patrimonio cultural, relacionado con objetos hallados en su domicilio el 3 de junio pasado.

Y el asunto no queda allí. La familia ‘problemas’ extiende sus líos a los hermanos Michel y Abdalá (Dalo) y la esposa de este último, Gabriela Pazmiño -todos ellos en Miami, EE.UU.-, en el caso que involucra a Daniel y Noé Salcedo Bonilla, Luis Jairala Zunino, Federico Zenk A. y siete personas más por el delito de asociación ilícita en relación a la venta de medicinas durante la emergencia sanitaria. El miércoles, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía solicitó la formulación de cargos contra ellos. Una familia llena de problemas.