Durante la audiencia de vinculación por el caso Triple A, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció enérgicamente en contra de la designación de un defensor público. Su intervención se dio luego de que su abogado particular, Diego Córdova Raza, no asistiera a la diligencia prevista por una presunta comercialización ilegal de diésel.

A través de una conexión por Zoom, Álvarez manifestó su inconformidad con la medida judicial, afirmando: "A mí no me faltan el respeto... a mí no me atropellan mi derecho a la defensa (...) Yo no autorizo a ningún defensor público". El alcalde explicó que su abogado había solicitado con antelación el diferimiento de la audiencia debido a un compromiso en otro proceso judicial.

Cuestionamientos a la Fiscalía y solicitud de diferimiento

En su intervención, Álvarez calificó como un “show de la Fiscalía” la presentación de 40 cajas de expedientes durante la audiencia, cuestionando si el fiscal había revisado toda la documentación.

También afirmó que la instalación de la diligencia respondía a presiones externas relacionadas con el proceso electoral, aunque la Fiscalía había solicitado formalmente la audiencia desde el 28 de febrero.

Marcela Estrella Bucheli, abogada de las procesadas Gloria Salazar Solano y Rosa Ortiz González, también expresó su apoyo a Álvarez. Desde Europa, donde participó de manera telemática, la jurista señaló la posible nulidad de la audiencia y defendió el derecho de los procesados a contar con un abogado de confianza.

La abogada destacó además la necesidad de diferir la diligencia, advirtiendo que avanzar sin la presencia de los defensores particulares podría vulnerar los derechos de sus clientes.

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Multas y designaciones de defensores públicos

La ausencia de otros abogados defensores también marcó la jornada. El abogado de Juan Carlos Arias Tapia no asistió, lo que llevó al juez Renán Andrade a imponer multas equivalentes a dos salarios básicos unificados y a remitir el caso a la Judicatura para que investigue el comportamiento de los letrados.

Ante esta situación, el juez permitió la intervención de los defensores públicos Iván Montero y Aníbal Moreano. Ambos aseguraron estar familiarizados con el proceso, recordando que han participado desde la audiencia de formulación de cargos en diciembre pasado, tras varios aplazamientos y ausencias de las partes involucradas.

Detalles del caso Triple A y señalamientos de Álvarez

En esta causa se encuentran procesadas varias personas, entre ellas Juan Carlos Arias Tapia, Juan Dionisio Araujo Saldarriaga, Gloria María Salazar Solano, Rosa Marbella Ortiz González, Édgar Moisés Flores Torres, María Elisa Criollo Espadero, Aquiles David Álvarez Henríques, Fausto Vinicio Vaca Gonzaga, Olga Cecilia Ortega Loaiza y Raúl Arnoldo Zambrano Orellana.

La Fiscalía fundamenta la imputación contra Álvarez en actividades presuntamente irregulares de sus comercializadoras de combustibles, Copedesa y Corpalubri. Estas habrían vendido diésel a estaciones de servicio que presentaron inconsistencias en su comercialización. Un caso destacado es el de la estación Zambrano, ubicada en El Guismi, zona minera del cantón El Pangui, en Zamora-Chinchipe, donde los datos de facturación, volumen de galones vendidos y capacidad de almacenamiento no coinciden, según informes del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Álvarez sostiene que sus empresas no son responsables del uso final que se haya dado al diésel subsidiado. Además, ha señalado que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables debía supervisar que los combustibles no fueran desviados a actividades como la minería ilegal o al contrabando hacia el Perú. Según el alcalde, este proceso judicial forma parte de una persecución política impulsada por el gobierno de Daniel Noboa.

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