A 16 días de la posesión de la nueva Asamblea Nacional, se conoció en el Pleno el informe para el primer debate del proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución del Ecuador. Esta propuesta, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca modificar la forma en que se financian los partidos políticos en el país.

Lee también: ¿Traición en Revolución Ciudadana? Lo que dijo la excandidata Luisa González

El proyecto fue presentado mediante el Decreto Ejecutivo 467, firmado el 27 de noviembre de 2024, que plantea eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas. La pregunta que acompañaría la consulta popular sería:

“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?”

La propuesta modifica dos artículos claves de la Constitución:

• Artículo 110: Los partidos y movimientos políticos serían financiados exclusivamente con aportes de sus afiliados y simpatizantes.

• Artículo 115: El Estado garantizaría únicamente el acceso equitativo a medios de comunicación para la promoción electoral, prohibiendo el uso de recursos públicos y estableciendo sanciones por su uso indebido.

La encargada de abrir el debate fue Lucía Posso, presidenta de la Comisión Especializada Ocasional, quien destacó que el informe de primer debate considera aspectos clave relacionados con el uso de fondos públicos y el impacto de su posible eliminación.

Entre los puntos destacados están:

• La importancia del financiamiento público como mecanismo de equidad política.

• Los riesgos de que el financiamiento privado abra la puerta a actividades ilícitas como el lavado de activos, según alertas de la UAFE.

La necesidad de un control más eficaz por parte de las autoridades.

Según datos del Ministerio de Finanzas, entre 2008 y 2024 se han asignado alrededor de 200 millones de dólares: 160 millones para promoción electoral y 40 millones para el fondo partidario permanente. De ese total, un 15 % se destinó al Instituto de la Democracia.

Posiciones durante el debate

La legisladora de la Revolución Ciudadana, Gissela Garzón, recalcó que este no debe ser un debate superficial. Defendió la participación ciudadana y criticó que sin fondos públicos solo los candidatos con poder económico podrían competir.

“Entre más gruesa la chequera, más irregular puede ser la campaña”, afirmó.

También pidió un debate amplio que incluya a universidades y sectores sociales, y cuestionó los partidos “de alquiler” que aparecen solo en tiempos electorales.

La asambleísta de Pachakutik, Cecilia Baltazar, advirtió que eliminar estos fondos vulneraría el derecho a la participación de personas sin recursos económicos, dejando el camino libre solo a empresarios y banqueros.

Criticó la narrativa de que el dinero se usa para beneficio personal, cuando en realidad la mayoría de los recursos se destina a medios de comunicación para difusión de propuestas. Sin embargo, reconoció que debe mejorarse el control del gasto electoral.

El legislador independiente Ramiro Vela criticó que el fondo para la formación política no ha producido nuevos liderazgos, y denunció corrupción en los pagos a medios de comunicación.

“Le ponemos al ratón a cuidar el queso”, dijo, refiriéndose al Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de no fiscalizar redes sociales ni dádivas ilegales.

Propuso una reforma integral al Código de la Democracia, y mencionó que una posible Asamblea Constituyente sería el espacio ideal para discutir cambios estructurales.

En tanto, la sesión se suspendió cerca de las 15:00 y se reinstaló para continuar el debate. Participaron también los legisladores Arturo Moreno, Manuel Montoya, Ricardo Ulcuango, Paúl Buestán, Arisdely Parrales, Adrián Castro, Eustaquio Tuala y Paola Cabezas, quien solicitó un punto de información.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!