Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil, no irá a prisión. Sin embargo, hay otras medidas cautelares que deberá cumplir. Estas son: usar un dispositivo de vigilancia popularmente conocido como grillete electrónico, presentarse periódicamente ante la justicia y no salir del Ecuador. Así lo decidió el juez Renán Andrade, tras vincularlo formalmente al caso Triple A, una investigación por presunta delincuencia organizada en la venta irregular de combustibles subsidiados.

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El Ministerio Público, a través del fiscal Carlos Leonardo Alarcón, sostiene que Álvarez tuvo participación en una red que, a través de empresas como Copedesa, Ternape y Flonape, habría obtenido permisos para comercializar diésel subsidiado y lo habría desviado hacia zonas donde su venta está prohibida. Según el expediente del caso, estas compañías, ligadas directa o indirectamente al burgomaestre, habrían usado esos permisos para mover grandes cantidades de combustible con fines comerciales fuera del marco legal.

Fiscalía pidió prisión preventiva contra Aquiles Álvarez

Durante la audiencia de vinculación, la Fiscalía pidió prisión preventiva para Álvarez y otros diez investigados. Argumentó que existía riesgo de fuga y que la presunta red tenía una estructura organizada para evadir controles. No obstante, el juez no lo consideró así: negó la cárcel, pero impuso otras medidas cautelares, como el ‘grillete’, algo inusual para un alcalde en funciones.

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La decisión provocó fuertes reacciones. Mientras Álvarez insistía en redes sociales en que no ha huido y que todo responde a una “persecución política”, la Fiscalía defendía la solidez del caso. Con esta vinculación, la etapa de instrucción fiscal (tiempo para recabar pruebas o elementos de descargo) se amplió por 30 días, luego de eso el representante del Ministerio Público tendrá que decidir si los procesados en este caso son llamados a juicio o no. 

Aquiles Álvarez demanda a usuaria de X

Aquiles Álvarez presentó una querella contra María Plaza por el presunto delito de expresiones calumniosas, tras publicaciones realizadas en la red social X (antes Twitter). La denuncia fue ingresada el 8 de abril de 2025 ante la Unidad Judicial Penal Norte 1 del cantón Guayaquil.

Según el documento, desde la cuenta @gugaplaza, la ciudadana habría publicado frases como: “Un vulgar traficante de combustible es alcalde de Guayaquil…” y, acompañado del acróstico que Álvarez difundió como disculpa pública a Lucía Jaramillo, por haberla llamado vaga: “No sé qué tendría que ver el feminismo en la respuesta de este mequetrefe traficante de combustible...”. La defensa del alcalde sostiene que estas expresiones afectan su honor y su buen nombre.

La querella invoca el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona a quien realice una falsa imputación de delito en contra de otra persona, con una pena que puede ir de seis meses a dos años de prisión. 

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