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Un año de dolor e impunidad: Militares lo sacaron de su hogar y apareció en la morgue
La tragedia de los cuatro menores de Las Malvinas revive el dolor de una familia de Durán. El cuerpo de su familiar mostró signos de tortura
El caso de los cuatro menores de Las Malvinas, desaparecidos el 8 de diciembre y encontrados sin vida 16 días después en Taura, ha revivido la pesadilla de una familia de Durán que aún llora la pérdida de uno de sus integrantes: Jonathan Eduardo Laaz Banchón, de 36 años. Su trágico final dejó un vacío irreparable y un mar de incertidumbres en su hogar.
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El 14 de enero, Jonathan fue sacado de su domicilio por un grupo de hombres vestidos con uniformes militares. La escena quedó grabada no solo en la memoria de su familia, sino también en los celulares de los vecinos, quienes captaron cómo los desconocidos irrumpieron sin previo aviso. Derribaron la puerta a patadas y, sin dar explicaciones, se lo llevaron.
“Era domingo, cerca de las 10 de la mañana. Mi hermano estaba dormido cuando un muchacho tocó la puerta pidiendo agua. Cuando fue a abrir, los militares tumbaron la puerta. Decían que estaban buscando terroristas. Revisaron toda la casa, tiraron todo al piso y lo agarraron junto al muchacho que había llegado a pedir agua. No encontraron armas ni droga, pero aun así se lo llevaron sin darle la oportunidad de decir nada”, recuerda David, su hermano mayor.
Jonathan tenía un tatuaje de una estrella y otro de un personaje de anime. “No era un criminal. Mi hermano trabajaba como albañil, asistía a la iglesia y era conocido por ser una persona bondadosa”, agrega David con indignación.
Antes de sacarlo de la casa, los hombres le cortaron el cabello con un machete en plena sala. Luego, lo subieron a una de las tres camionetas llenas de militares que aguardaban afuera. Las imágenes grabadas por los vecinos muestran cómo lo llevaron a la fuerza, dejando atrás una casa desordenada y una familia llena de preguntas.
Este caso no es un hecho aislado. Documentos a los que tuvo acceso este Diario revelan que entre 2017 y 2024 se han registrado más de 700 denuncias contra militares por diversos delitos y contravenciones. Estas incluyen 18 por homicidio, 11 por extralimitación en actos de servicio y 6 por tráfico de drogas. Sin embargo, las cifras de procesos judiciales concluidos y condenas efectivas son alarmantemente bajas.
El hallazgo del cuerpo
Dos días después, el cuerpo de Jonathan fue hallado en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil. La autopsia confirmó lo que su familia temía: había sido brutalmente golpeado, y los signos de violencia en su cuerpo evidenciaban un trato cruel antes de su muerte.
“Creemos que lo mataron el mismo día que se lo llevaron y luego abandonaron su cuerpo en el sector de La Cuarenta. Fue una vecina, quien nos ayudaba en la búsqueda, quien lo encontró. Nos llamó y dijo: ‘Está irreconocible, todo golpeado’. Esa noticia nos destrozó. Mi hermano no se metía con nadie; no encontramos explicación alguna para lo que le hicieron. Esto ocurrió pocos días después de que el presidente (Daniel Noboa) ordenara la salida de los militares a las calles (9 de enero)”, relata David.
Jonathan iba a cumplir 37 años en diciembre de 2024. Su familia presentó una denuncia en la Fiscalía, pero el caso sigue sumido en la impunidad. Ni los responsables han sido identificados ni el otro joven, apodado El hacherito, que fue llevado junto a Jonathan, ha vuelto al barrio.
Un clamor por justicia
“La tragedia de los cuatro menores de Las Malvinas no solo nos llena de dolor, sino que también reabre nuestras propias heridas. A mi hermano lo sacaron vivo de casa para matarlo. Exigimos justicia y queremos que los responsables paguen por sus actos. Fueron militares quienes irrumpieron en nuestra casa y se lo llevaron vivo; de eso no tenemos ninguna duda”, concluye David, con la voz quebrada por la tristeza y la impotencia.
A pocos días de cumplirse un año del trágico evento, la familia Laaz Banchón sigue luchando por respuestas, sumándose al clamor de tantas familias ecuatorianas que exigen justicia y un alto a la impunidad.
Implicaciones legales y derechos humanos
Patricia Castro Coronel, defensora de derechos humanos y presidenta del Comité de Juristas y Expertas en Derechos Humanos de Ecuador (CIDHexpertas), señala que, según el testimonio de la familia de Jonathan, los militares actuaron con odio y racismo, discriminándolo por su apariencia.
La experta explica que la desaparición de Jonathan mientras estaba bajo custodia estatal, sumada a la ausencia de información sobre su paradero, constituye un caso de desaparición forzada, conforme al artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
“El posterior hallazgo de su cuerpo con signos de tortura configura una ejecución extrajudicial, entendida como el asesinato deliberado de una persona por agentes del Estado sin mediación judicial. Este acto representa una grave violación de los derechos humanos, incluido el derecho fundamental a la vida”, sostiene Castro.
Además, subraya que la violación del domicilio de Jonathan, realizada sin orden judicial ni flagrancia, así como la omisión de un parte informativo por parte de los agentes involucrados, reflejan un abuso de poder sistemático. “Estas acciones evidencian los riesgos inherentes a la militarización de la seguridad ciudadana sin controles adecuados”, añade.
Castro enfatiza la importancia de que todos los servidores públicos respeten los procedimientos legales establecidos.
“Las detenciones ilegales no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también hacen a los responsables directos culpables de las consecuencias derivadas de sus actos. Este caso no solo expone una grave violación de derechos humanos, sino que pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer el compromiso con la justicia y garantizar la rendición de cuentas en el país”, concluye la defensora.
Tanto en el caso de Las Malvinas como en el de Durán, existen vídeos que evidencian el accionar de elementos de las Fuerzas Armadas y la violencia con la que actuaron.
Dieciséis militares fueron detenidos por el caso de los menores de Las Malvinas. En contraste, en el caso de Jonathan Laaz no hay procesados, únicamente la denuncia presentada por sus familiares.
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