Una tenue calma se miraba en las afueras de la Casa de la Cultura, centro - norte de Quito, la mañana de ayer. El temor de un nuevo enfrentamiento entre fuerza pública y manifestantes rondaba por la zona, a pesar de que el movimiento indígena ya no se encontraba allí.

Ese fue el resultado del desalojo que se realizó durante la tarde del viernes, tras el anuncio del presidente Guillermo Lasso de que se escalaría a un nuevo nivel en el uso progresivo de la fuerza. A quienes protesten violentamente se les dispararía con perdigones, como lo ratificó incluso Patricio Carrillo, ministro del Interior.

Y ante este pronunciamiento, Mario Pazmiño, analista en temas de seguridad y exjefe de Inteligencia del Ejército ecuatoriano, indicó que se dio un paso favorable para la restitución del orden, al menos, en suelo capitalino. “Debemos entender que militares o policías no estaban haciendo uso de la fuerza y no había una confrontación directa. Algunos manifestantes sabían muy bien que eso estaba ocurriendo y se aprovecharon para cometer atentados”.

Para nombrar algunos de ellos se refirió a lo ocurrido en San Antonio de Pichincha, al norte de Quito, donde fue atacado un convoy de militares que custodiaba camiones con alimentos. También a lo sucedido en Puyo, Pastaza, cuando quemaron una estación de policía con 18 automóviles adentro.

Aunque en ambos casos, la gente del paro se pronunció. En el uno, dijeron que los soldados habrían sido los que atacaron primero; mientras que en el segundo caso, que el habitante de nacionalidad kichwa murió cuando lo impactaron con un gas lacrimógeno.

Evitar excesos

Pazmiño explicó, además, que la decisión también estuvo acertada debido al cambio de armamento usado por muchos de los protestantes en contra de policías y militares. “Hay que darse cuenta que ya no se lanzaban solamente voladores. Pudimos ver cómo se utilizaban hasta escopetas”.

Pero el especialista enfatizó que en estos procedimientos de uso progresivo de la fuerza sí podrían presentarse excesos en su aplicación.

Luis Ángel Saavedra, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), está de acuerdo con este último planteamiento. A su criterio, el anuncio presidencial solamente va a profundizar la confrontación.

“Así se ratificó lo que se está denunciando: que el presidente Lasso no tiene voluntad para dialogar. Eso es lo que se ha visto y nos preocupa que por la autorización usen armas letales”. Saavedra especificó que se debe tener mucho cuidado con este tipo de decisiones porque, a futuro, el gobierno podría cargar con el peso de los denominados crímenes de lesa humanidad.

“Hay que recordar que, aunque se tenga una autorización de jerarquía, cualquier crimen puede tener una repercusión internacional y estos no prescriben”, acuñó.

Para el representante de Inredh, el subir de nivel al uso progresivo de la fuerza da un mensaje: “se está viendo al indígena como aquel al que se puede disparar y como consecuencia habrá una serie de heridos como lo que se vio en el parque El Arbolito”, finalizó.

La Fenocin también dice que el paro sigue

Pese al desalojo en la Casa de la Cultura y la dispersión de los manifestantes, representantes del movimiento indígena indicaron que el paro continúa. Uno de ellos fue Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Quienes también hablaron fueron representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Franklin Casicana, miembro de esta agrupación, dijo que no hay directrices para levantar el paro. “Si vieron camiones saliendo con gente de Quito es porque se harán relevos”, indicó este líder en la Universidad Central, a donde llegaron los protestantes luego de la bronca del viernes.