La noche del 13 de dieimbre, el país estuvo pendiente del anuncio del presidente Guillermo Lasso. El mandatario anunciaba el alza del sueldo básico a 425 dólares desde el 2022. El incremento más alto en ocho años.

Como era de esperarse, esta medida trajo alegría en unos y también reparos en ciudadanos y analistas económicos. Por ejemplo, la trabajadora Ana Delgado, de 30 años, asegura que todo incremento en el sueldo es bueno. “Es preferible a nada”, acotó. 

Al guayaquileño Francisco Peña, de 35 años, el anuncio de Lasso le preocupa un poco, pues considera que el alza salarial no le agrada a los empresarios. “Si se les toca el bolsillo, eso podría aumentar la cifra de desempleos y muchos caeríamos en el informalismo laboral”, opina.

María Pineda, de 23 años, no lo ve como un beneficio. Dice que “para nosotros, los pobres, no representa mucho para los hogares, pues nuestro sueldo lo gastamos en salud, alimentación, etc. Además, en una casa a veces solo uno trabaja y el resto no”.

“El anuncio es una bomba nuclear para el emprendedor”, sostiene la economista Katherine Valdivieso, quien señala que un microempresario tiene de dos a cinco empleados y ahora le tocará deshacerse de dos o tres, porque no le alcanzará para pagarle a todos.

Su colega y docente de la Universidad Politécnica Salesiana (sede Guayaquil), Santiago Pozo, coincide en que está disposición podría perjudicar al sector pequeño y microempresarial, que tendrá un aumento en sus costos salariales y, por ende, afectará a las nuevas contrataciones o incluso se daría el temido despido de personal.

También opina que la medida es un pequeño alivio para los trabajadores, pues así se pueden equiparar sus ingresos con los gastos que incurren en cada mes.

“Si somos optimistas esto podría incrementar el consumo, puesto que las familias tendrán un mayor ingreso, que beneficiaría a la producción y economía general. Si somos negativos, podría trasladarse al costo de los productos, generando inflación y aumentando el costo de la vida. Hay que ver los resultados y medir impacto”, manifiesta Pozo.

“Recordemos que en 2008 se aumentó el salario a $30, y el porcentaje de personas que pasaron a la informalidad fue mínimo e incluso al final del año tampoco se reportó incremento de precios”, finaliza el experto, quien considera la decisión como política, más que técnica, un cumplimiento de promesa de campaña.