Que existe un “registro detallado” con los nombres de los beneficiarios de las vacunas contra el coronavirus, sí. Que a la Fiscalía ha llegado el listado “incompleto”, sí. Que hay “información que se ha ocultado”, tal vez. Por eso ayer la entidad realizó un allanamiento a las oficinas del Ministerio de Salud, en Quito.

Un detalle más: en la lista estarían autoridades del Gobierno y particulares.

A finales de enero, la Fiscalía anunció el comienzo de una investigación previa por tráfico de influencias en el proceso de distribución de las dosis. Pero no hace falta meter las narices tan a fondo para saber que algo huele mal. Que apesta.

Primerito cayó el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, cuando admitió haber vacunado a su mamá. Y luego se fue del país. Hace poco, el caso de los ‘tiktokers’ inmunizados en el hospital Teodoro Maldonado, en Guayaquil, dejó la puerta abierta –aún más– a las sospechas de irregularidades.

El ahora ministro de dicha Cartera de Estado, Rodolfo Farfán, dijo en una entrevista con Teleamazonas que “de ningún modo la lista de vacunados se hará pública. Es una competencia de la justicia, tendrá su proceso”. Hubo justificación con el tema de la historia clínica del paciente y que es confidencial y que no puede ser revelada al público...

Sin embargo, la Fiscalía parece haber despertado. Ya no le entran moscas en la boca. En el operativo, la intención de la entidad era recabar información del Plan Vacunarse. La lista de los inmunizados, de las fases 0 y 1, sí la tiene –remitida por tres ocasiones–. El problema es que sin los nombres de quienes ya recibieron las dosis y que, además, son de conocimiento público.

Presume que “hay información que se ha ocultado”. Por eso incautó dispositivos y equipos que, con técnicas de informática forenses, desvelarán los supuestos ‘secretitos’ del Ministerio de Salud. Eso sí, sin “interferir de ningún modo en los procesos de registro”.

Ya hay día y hora para que las personas que fueron vacunadas en fases que no les correspondían acudan a rendir versión.

Autoridades en la mira

Más tarde se anunció que la misma fiscal General del Estado, Diana Salazar, lideraba el allanamiento a las oficinas de la gerencia del Hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito, donde se incautaron “listas reservadas” de los vacunados.

Esta diligencia se realizó dentro de la investigación relacionada al Plan Vacunarse, luego de conocer sobre la ubicación de registros en los que constarían autoridades de Gobierno y particulares.