Marcelo Anchundia durmió sus primeras dos noches en el centro de máxima seguridad denominado La Roca, en Guayaquil.

Él y otros cinco cabecillas de bandas delincuenciales fueran trasladados a otros centros penitenciarios luego de la matanza que se vivió en la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo de los Tsáchilas, la madrugada del pasado lunes.

En este hecho violento murieron 44 reclusos. Según la Policía y el Ministerio del Interior, la masacre se había provocado por la presencia de Anchundia, líder de la banda R7, quien fue trasladado a esta prisión desde La Roca, el pasado 30 de abril, gracias a una acción de protección con medida cautelar.

Según el expediente del caso, Anchundia dijo que lo amenazaron de muerte a él y a su familia, que no pudo salir de su celda por varios días porque intentaron ahorcarlo en el baño y quisieron hacer pasar su muerte como un suicidio. Incluso, el privado de libertad mencionó que “tengo miedo hasta de comer, porque pienso que me puedan envenenar”. 

El juez dispuso que se lo trasladara a la cárcel de Bellavista, al considerar que su vida estaba en riesgo. Pero Anchundia no estuvo en La Roca por portarse bien. Fue considerado uno de los responsables de la masacre ocurrida en la cárcel de Turi, el pasado 3 de abril, en la que fallecieron 20 reclusos y, para que no cause más problemas, lo cambiaron.

Sin embargo, en la cárcel de Santo Domingo parece que tampoco lo querían porque, según la Policía, los causantes de la masacre intentaron llegar a la celda de Anchundia para matarlo en venganza de lo que él habría provocado en Cuenca.

Durante la audiencia de acción de protección, el privado de libertad también expuso que quería ver a su esposa e hija recién nacida, quienes viven en esa provincia. Este argumento también habría sido considerado por el juez, quien resolvió que se dé la medida cautelar.

Pero Anchundia ya conocía este recinto carcelario. El reo estuvo recluido en ese lugar en el 2016. Fue considerado como el más buscado de Manabí luego de asesinar a un hombre en el sector de La Chorrera.

Faltó precisión

La Policía considera que Anchundia intentó sentirse a salvó en la cárcel de Santo Domingo, pero le salió mala la jugada, porque casi lo matan.

Pablo Ramírez, director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), indicó que el traslado de Anchundia respondía a una de las 124 solicitudes de habeas corpus que se solicitaron luego de la matanza en el Turi. Sin embargo, en la Función Judicial el caso se presenta como una acción de protección, que en los últimos años, ha aumentado en el país (ver infografía).

El abogado Pablo Encalada explicó que ambos recursos son garantías constitucionales. El habeas corpus busca defender la libertad de una persona que ha sido detenida de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. O para los privados de libertad que tienen en riesgo su vida y su libertad física.

En cambio las acciones de protección se presentan cuando se vulneran los derechos constitucionales de las personas como la salud, la vida... En estas acciones se pide una medida cautelar para que se suspendan de forma inmediata dichas vulneraciones.

Ante este contexto, la jurista Johanna Orbe, experta en derecho constitucional, explicó que el juez conoció de la solicitud, calificó la demanda constitucional y resolvió la medida cautelar del traslado a favor de Anchundia porque es de carácter urgente. “Está bien motivada la resolución. Lo que sí debieron tener en cuenta es en el criterio de traslado”.

Orbe indicó que el SNAI debió proveer de las seguridades necesarias para que el reo no corra peligro en el traslado. “Debieron pensar en llevarlo a una prisión de máxima seguridad o de dar las mejores condiciones de seguridad en la prisión a la que fue trasladado”.

Es decir, el juez dio una medida cautelar mientras el SNAI debía tomar acciones. Ahora Anchundia duerme con un ojo abierto, porque volvió a la misma prisión de la cual pidió ser cambiado por miedo de que lo asesinaran.