La violencia también golpea a la Función Judicial. En lo que va del 2023 al menos diez atentados contra miembros o entidades del organismo se han registrado en Ecuador, lo que ha encendido las alertas de las cabezas de dicha función del Estado.

Durante ese periodo se han emitido al menos cuatro alertas de bomba en unidades judiciales de distintas ciudades del país: Pichincha, Manabí, Imbabura, Los Ríos y Guayas. Una de ellas se dio a inicios de marzo en el Complejo Judicial Norte, ubicado en Quito, donde Policía y el Cuerpo de Bomberos efectuaron la evacuación de las personas al interior del sitio.

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Otro caso fue el del incendio que se registró durante la madrugada del 2 de junio en la Unidad Judicial Civil y Laboral de la ciudad de Esmeraldas. Causas judiciales claves, computadoras y mobiliario de oficina se incineraron en el hecho, que obligó la suspensión de varias audiencias.

Así también se han registrado otros hechos como el asesinato de una persona privada de la libertad en el Complejo Judicial de Santo Domingo; el atentado contra un juez de Manabí; el asesinato de un fiscal de Durán; y, la detonación de un artefacto explosivo en la Unidad Judicial Penal de Portoviejo que dejó a tres personas heridas, entre ellas a una adolescente de 14 años.

Todos estos hechos son los que llevaron a las autoridades a reunirse en una mesa interinstitucional para coordinar actividades en pro de la seguridad de los servidores judiciales, como el desarrollo de un protocolo de protección a la integridad física y vida de las y los servidores judiciales, señaló Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, destacó que es necesario llevar a cabo acciones articuladas para detener los ataques contra jueces, fiscales y otros servidores judiciales. Considera que este tipo de hechos promueven la inseguridad jurídica y el avance del crimen organizado.

Como resultado de dicha reunión se estableció solicitar que en la próxima reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado se trate, como punto prioritario, la situación de seguridad de las y los servidores judiciales. También se impulsará la aprobación inmediata, por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, del “Protocolo de Protección a la Integridad Física y Vida de las y los servidores de la Función Judicial”.

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