Como una especie de ultimátum, un comunicado del Municipio de Quito llegó para pedirles a los habitantes de la orilla de la quebrada Carretas, norte de la urbe, que desocupen sus casas.

Allí explica que dos inmuebles son los más afectados por la erosión de la hondonada. Son las viviendas de Estefanía Pabón y Francisco Quinteros, quienes se niegan a dejar las casas que han habitado desde hace unos 20 años.

“El trabajo de mi mamá y mi hermano están aquí. No tenemos a dónde ir”, dice Estefanía angustiada.

Si bien el problema lleva 15 años, este último fin de semana se “han ido por lo menos unos tres metros de tierra”, según la habitante. Ella y su familia ya desocuparon los cuartos que dan a la quebrada. “Estamos durmiendo en un local”.

Sin embargo, no está de acuerdo con la decisión del Cabildo. Pues aduce que hace años se debió solucionar el problema con el embaulamiento de las aguas servidas que corren por la quebrada. “Ni siquiera es un río, es agua de las urbanizaciones vecinas”.

Las decisiones

El 5 de octubre, el alcalde Santiago Guarderas declaró en emergencia esta zona y la cuenca del río Monjas, también en el norte. Se extendieron 20 días a la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado para que realizara un informe y se entregaron 2 millones de dólares para iniciar con las acciones.

“Se la han pasado de informe en informe desde hace años y seguimos igual”, dice Francisco Quinteros. Él y su familia también se niegan a dejar su casa, por lo menos hasta que haya un acuerdo con el precio de la expropiación. “No nos pueden decir solo que nos vayamos. No tenemos a dónde”.

Ellos también han desocupado de a poco su vivienda. Hasta ahora está sin uso el 50 % del inmueble, pues al menos 10 metros se han ido a la pendiente. Aunque están conscientes de que seguir ahí es un peligro.

Medidas paliativas

En los dos inmuebles se colocaron plásticos para mitigar de alguna forma la erosión, pero no ha sido suficiente. “Las últimas lluvias nos han afectado aún más”, dice Estefanía.

Además, el Municipio les entregó un container para que resguarden sus cosas. Quedó afuera de su casa y han colocado allí algunos muebles, pero no es suficiente para ellos. “Nos ofrecieron ir a un albergue, pero nosotros merecemos vivir con dignidad”, espeta.

EXTRA solicitó más información a la Secretaría de Seguridad sobre la situación de los vecinos. Pero no aclararon si existe un proceso de expropiación o si hay algún otro plan más allá del ofrecimiento de los albergues.

En el comunicado municipal se expresa que “se informó mediante los oficios pertinentes a los propietarios de ambos predios que las viviendas dejen de ser habitadas, debido al alto riesgo que representan”.

Estas familias insisten en que no se irán de sus hogares.