Lorena (nombre protegido) ha pasado los últimos cinco años tras las rejas acusada de asesinato por un aborto espontáneo. Ana Cristina Vera, representante de la Fundación Surkuna, contó este caso por el que va luchando todo este tiempo. "Está viciado, los informes tienen errores y ella ha sido criminalizada".

Ella, una mujer de ahora 42 años, vivía en el Valle de los Chillos, suroriente de Quito y un día tuvo un parto en el baño y su hijo falleció. La llevaron a una casa de salud, donde los médicos determinaron que "no sufría lo suficiente para haber perdido un bebé", por lo que la denunciaron ante las autoridades, según la activista. 

"Perdió mucha sangre, incluso tuvieron que hacerle una transfusión".

Este caso es uno de los 148 que Human Rights Watch recogió entre 2009 y 2019 en el informe que presentó este 14 de julio en rueda de prensa. En el documento señala que "las leyes de Ecuador que criminalizan el aborto violan los derechos de las mujeres y las niñas y ponen en riesgo su vida y su salud".

Ximena Casas, investigadora de la organización, explicó que entre las consecuencias de la criminalización está el aumento de la mortalidad y morbilidad materna. Además, impide que las mujeres y niñas accedan a servicios esenciales.

El informe concluyó también que las mujeres y las niñas acusadas de aborto suelen experimentar violaciones de sus derechos al secreto profesional y al debido proceso, Sobre todo se evidenció que el 81 % fueron casos iniciados contra mujeres y niñas. De estos un gran numero tuvo lugar en provincias con un gran porcentaje de población indígena o afrodescendiente.

Estas judicializaciones afectan no solo a mujeres que desean interrumpir voluntariamente un embarazo no deseado, sino también a quienes tienen abortos espontáneos o emergencias obstétricas, o requieren atención postaborto, como el caso de Lorena. Quien en primer lugar fue sentenciada a 22 años, pero luego de una apelación la pena bajó a 14.

"Hemos pedido que se haga una exhumación al cuerpo del feto, pero nos negaron cinco veces", agregó Ana Vera.

La fundación pretende probar que no se trató de un aborto consentido, sino de un evento espontáneo. "Una de las preocupaciones es que estas mujeres son obligadas a culparse o les realizan exámenes que ellas no han autorizado", comentó Vera.

Human Rights Watch determinó que en el país existen numerosos obstáculos para acceder al aborto legal y a la atención post-aborto. Esto incluye judicialización de casos, estigmatización, maltrato por parte de profesionales de la salud y una interpretación acotada de la causal que permite practicar un aborto para proteger la salud y la vida de la persona afectada.