El abogado Kevin Alexander Prendes Vivar es uno de los 52 procesados del caso Metástasis, cuya investigación surgió de la información extraída de los teléfonos de Leandro Norero Tigua, el Patrón, asesinado en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, el 3 de octubre de 2022.

El jurista ha sido señalado por la Fiscalía y en la acusación particular de la Procuraduría, como un presunto “colaborador de la estructura criminal” de Norero.

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Sin embargo, él hace una aclaración: que el hecho por el que fue vinculado, relacionado con una acción constitucional, ya fue resuelto mediante la sentencia 3626-22-JP/24 (4 de abril) de la Corte Constitucional, en la que se determinó responsabilidades en contra de un juez y tres abogados en libre ejercicio.

Prendes Vivar explica que no tuvo un contacto directo con Norero, sino con el estudio jurídico que lo patrocinaba, el cual buscó sus servicios profesionales para que ejecutara una decisión judicial. Según el abogado, lo llamaron por tener residencia en Guayas, que es donde se debía realizar la diligencia, y aceptó luego de revisar que la documentación estuviera en regla, pues solo debía hacer que se cumpla una disposición.

El jurista explica que este tipo de acuerdos es normal en el ámbito judicial, porque los estudios jurídicos no siempre tienen a alguien en los cantones de los procesados o donde deban realizar actuaciones, por lo que buscan a profesionales independientes.

Sobre la acusación particular, que hace graves señalamientos en su contra, el abogado Prendes sostiene que esta se ha basado en lo relatado por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos, porque en esta no se ha considerado toda la información del expediente, sobre todo porque en su versión ya hizo esta aclaración y entregó también la documentación.

El jurista reitera que “hay sentencia de la Corte Constitucional respecto a los bienes del señor Norero, por el cual a mí me procesaron. No se me señala en ninguna parte”.

Kevin Prendes es abogado de Azhael Roldán, hijo de Junior Roldán, reportado como muerto el 6 de mayo de 2023, en Colombia. Él señala que sus familiares lo contactaron y en el ejercicio de su derecho al trabajo asumió la defensa. “Soy un ciudadano que tiene derecho a trabajar como cualquier persona (...) siempre y cuando se encuentre dentro del marco de la ley mi actuación”, concluye.

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