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Ecuador: Más de 3.000 personas buscaron asistencia legal gratuita en unidades móviles
Dos carrozas de la Defensoría Pública recorrieron quince provincias desde junio para dar esta atención mediante la campaña 'Ruta de los Derechos'
En Tulcán, capital de la provincia del Carchi, concluyó la primera etapa de la Ruta de los Derechos de la Defensoría Pública, que recorrió un centenar de sectores de 52 cantones del país, y que brindó asistencia legal gratuita a 3.103 personas. Esta cruzada contó con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
El proyecto arrancó el 21 de junio de 2021, con las dos unidades móviles de la institución, donde los defensores públicos brindaron asesoría legal en todas las materias. Los casos de Familia, Niñez y Adolescencia fueron los de mayor demanda, con el 36.42 % de atenciones, seguidos de los de Movilidad Humana (12.44 %); temas laborales (11.70 %); y, asuntos de tierras (11.56 %).
En cuestión de patrocinios, igualmente gratuitos, Familia, Niñez y Adolescencia, ofreció el 33.33 % de atenciones: Movilidad Humana 15.21 %; y Civil-Divorcios, 14.49 %.
En los 117 días que duró esta campaña, de las 3.103 atenciones, el 95,5% correspondió a asesorías y el 4,4% a patrocinios.
Provincias con más demandas
Las provincias con más solicitudes de asesoría legal fueron: Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Loja, Tungurahua y Esmeraldas en su orden.
Durante el acto de cierre de la primera etapa de la Ruta de los Derechos, realizado en el Teatro Municipal de Tulcán, el Defensor Público, Ángel Torres Machuca, reconoció el aporte del ACNUR, para “aercarnos a nuestros usuarios” y trabajar por los más vulnerables. Agregó que este "importantes aliado” ha permitido a la Defensoría convertirse en un referente regional en la atención a personas en situación de movilidad humana y anunció que adelanta gestiones para una segunda etapa de esta campaña.
Mientras tanto, la jefa de Oficina de Terreno ACNUR – Carchi, Kathryn Lo, destacó el trabajo articulado con la Defensoría Pública, para garantizar el acceso a la justicia de las personas solicitantes de asilo, movilidad humana y en general de quienes, por su condición social y económica, no pueden tener una defensa privada para la garantía de sus derechos.
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