Por tercera ocasión, el presidente Daniel Noboa recurre a un proyecto de ley económico con carácter de urgencia, reforzando un patrón en su gestión, el cual consiste en acelerar decisiones clave mediante este mecanismo constitucional.

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La iniciativa actual combina dos ejes la reactivación de zonas protegidas y el fomento al desarrollo local, pero analistas advierten que, tras el discurso ambiental y productivo, se perfila un modelo de concentración de facultades en el ejecutivo. Su enfoque ahora territorializa la acción estatal combina inversión, seguridad y desarrollo para cimentar una institucionalidad sólida en zonas prioritarias.

El Ejecutivo envió el sábado 14 de junio del 2025 a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, una iniciativa que va más allá de combatir actividades ilegales en reservas naturales. 

La iniciativa legal busca modernizar la administración de áreas protegidas, enfrentando directamente a grupos armados, economías ilícitas y ocupaciones ilegales. Como contrapeso, impulsa actividades reguladas como turismo, investigación científica y servicios ambientales, buscando un punto medio entre conservación y desarrollo económico.

Esta tercera ley urgente del gobierno de Noboa refleja una estrategia más amplia, reafirmar la autoridad estatal en territorios históricamente vulnerables. Tras la Ley de Solidaridad Nacional que abordó las economías criminales sin recurrir a estados de excepción, ahora avanza con un plan integral basado en cuatro ejes: 

• Mayor presencia institucional
• Inversiones estratégicas
• Seguridad y desarrollo local (Se busca reconstruir la gobernanza en zonas críticas).

El proyecto de ley enfrenta ahora un plazo perentorio, la Asamblea Nacional dispone de un mes para su aprobación o rechazo. De no pronunciarse, la normativa entrará en vigor por Ministerio de la ley. Este mecanismo de urgencia usado en tres ocasiones por el gobierno actual en solo 30 días, aunque constitucional, genera interrogantes sobre su impacto en el debate democrático. 

El presidente Noboa propone un triple desafío: conciliar protección ambiental, creación de empleo y recuperación territorial. Sin embargo, el verdadero reto radicará en evitar viejos patrones fallidos, prácticas extractivas camufladas como ecoamigables, marginación de las comunidades locales en los procesos decisorios, y utilización de discursos conservacionistas sin sustento real. 

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