Una persona privada de la libertad (ppl) que se encontraba recibiendo atención médica en el Hospital General Monte Sinaí, ubicado en el sector del mismo nombre en el noroeste de Guayaquil, fugó de las instalaciones de la casa de salud en la tarde del martes 29 de octubre. 

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Acorde a información policial, Maikol Jordan Elizondo Cedeño, de 27 años, es la ppl que logró huir en la tarde del martes.  Este se encontraba en un centro de privación de libertad de la zona 8 desde junio de 2023, luego de ser sentenciado a 13 años de cárcel por secuestro extorsivo a un comerciante de metales preciosos, delito que fue cometido en la zona de Socio Vivienda, también en el noroeste de la urbe porteña. 

Según detalla esta fuente, unidades policiales motorizadas se trasladaron hasta la casa de salud ante la posible alerta de fuga de un reo. Sin embargo, al llegar fueron informados que a las 18:11 ingresaron algunos sujetos armados, encapuchados y en motocicletas por una de las garitas del hospital. "Proceden a ingresar a la zona de aislamiento de área de Medicina Interna 2, donde ayudan a la fuga del ppl (...), quien se encontraba ingresado allí desde el 13 de octubre con diagnóstico de tuberculosis", se explica. 

Luego de una hora, el guía penitenciario que se encontraba a cargo del cuidado de Elizondo se acercó "de forma libre y voluntaria" y declaró que abandonó su puesto de guardia al recibir una llamada amenazante a las 16:00. Él refirió que a su teléfono personal le dijeron que si no se retiraba del hospital podrían atentar contra su vida y la de su familia. Inmediatamente, el guía penitenciario, identificado como Roly Márquez, fue detenido según 

El SNAI ha sido consultado a través de un chat de mensajería instantánea sobre lo sucedido en el hospital de Monte Sinaí; sin embargo, hasta el cierre de esta nota periodística, no había emitido ninguna respuesta sobre lo sucedido.  El hospital, por su parte, tampoco se ha pronunciado sobre el hecho. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) estipula en el artículo 274 que "la persona que por acción u omisión permita que un privado de libertad se evada del centro de privación de libertad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años". No obstante, la pena aumentaría a una de entre tres y cinco años en caso de que el involucrado sea un servidor público. 

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