La lucha contra la criminalidad, en Ecuador, es como un guinguiringongo: sube y baja. El Estado nos sorprende a cada rato. A veces, porque ejecuta un operativo importante y caen individuos de gran peso delictivo; en otras ocasiones, porque los pillos burlan su control fácilmente.

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Estos altibajos en el tema de seguridad, según expertos, no responden a una sola razón. Hay varias causas que influyen y necesitan irse afinando para que la mano contra el hampa sea más certera y haya menos posibilidades de fracasos.

En este año 2024 hubo algunos golpes eficaces contra la criminalidad. Al menos cinco de ellos fueron de mayor connotación (ver infografía). Igualmente, ocurrieron casos que reflejaron evidentes vulnerabilidades.

Tres de los operativos contundentes se ejecutaron en otros países (Panamá y España), a través de colaboraciones entre instituciones de esas naciones y la Policía Nacional del Ecuador. Este dato es clave para entender el éxito de dichos procedimientos, señala Renato Rivera, doctor en Derecho y Gobernanza Local, y director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

“Los casos iniciaron, se investigaron con apoyo de cooperación internacional. Esto permitió, por ejemplo, la ubicación de Willy (alias Comandante Willy o Negro Willy) en España”, analiza.

El especialista menciona que en algunos casos de alcance netamente nacional, como la fuga de privados de libertad de centros carcelarios, se evidencia una falta de proactividad de la Fiscalía en la investigación de objetos de alto valor. A esto se suma que no hay una coordinación con la Policía Nacional, añade.

En cuanto al trabajo de inteligencia que realiza la Policía Nacional, en su criterio, las unidades de aquella institución están laborando de manera aislada. “Si bien hay una oficina de inteligencia de investigación antidelincuencial, cada unidad de la Policía maneja sus propios casos. Eso refleja una baja coordinación y confianza dentro de las unidades”, comenta.

También opina que aunque el país tiene una institución como el CIES (Centro de Inteligencia Estratégica), este organismo viene cumpliendo un rol más de inteligencia política y no de inteligencia criminal. Pero, actualmente, cree que Ecuador no tiene un servicio de inteligencia estratégica ni una unidad de inteligencia criminal que logre anticiparse y resolver problemas de coordinación entre las unidades.

Diego Pérez Enríquez, doctor en Ciencias Políticas y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), refiere que la sociedad ecuatoriana debe tener claro que es necesario modificar la forma en cómo se trata este fenómeno delictivo. Tener claro que las soluciones no van a ser fáciles, absolutas, definitivas y rápidas.

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“Lo primero que necesitamos entender es que estas dinámicas del crimen organizado van a seguir, no solamente existiendo, sino a seguir creciendo y complicándose, en tanto y en cuanto sigan generando y moviendo grandes cantidades de dinero”, recalca.

Desde su óptica, el Estado ha generado acciones para combatir la criminalidad, pero en ese proceso se han registrado incidentes tácticos que han facilitado acciones negativas, como las fugas.

Por eso, sugiere que es momento de evaluar una serie de aspectos, como qué se está haciendo para fortalecer la inteligencia o qué se está ejecutando contra las economías ilegales.

“Hay acciones, no se puede negar que las hay. Pero me parece que son dispersas y enfocadas en atender lo coyuntural. Estructuralmente, todavía son muy flojas y débiles”, reflexiona.

En respuesta, piensa que se debe reorganizar las acciones de inteligencia, el financiamiento y abarcar un campo más amplio, como fomentar la vida comunitaria para evitar que existan reclutamientos criminales.

“Eso no sucede mágicamente, hay que hacer una inversión social y se requieren una serie de acciones que van en otros sentidos y que son los que permitirían fortalecer la estructura estatal”, detalla.

Otro enfoque importante que destaca es la importancia de enfrentar estos fenómenos regionalmente, a través del intercambio de información con otros países que también hayan sufrido o estén sufriendo los mismos inconvenientes criminales.

Explica que en otros países también se ha padecido la aparición del crimen organizado en la sociedad. Ante eso, la medida adecuada es pensar en los temas de inseguridad no solo casa adentro, sino también hacia afuera. De lo contrario, el análisis simplemente se reduciría a qué nos pasa a nosotros, pero sin considerar que son problemáticas que atraviesan fronteras.

Kléber Carrión, oficial en servicio pasivo de la Policía Nacional y experto en seguridad, en cambio, opina que las acciones de la fuerza pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) son adecuadas. Su enfoque apunta más a deficiencias en la Función Judicial, pues muchas veces, a través de sus dictámenes, no contribuyen al sostenimiento de las operaciones.

Explica que el país también se ha visto afectado por precautelar excesivamente los derechos de las personas que están en conflicto con la ley. “Un delincuente que tiene trastornos de comportamiento llega a la cárcel y lo mínimo que habría que hacerle es reeducarlo, pero con disciplina, no dejándolo con la voluntad que le permite el Código Orgánico Integral Penal (artículo 9), de sumarse o no a las actividades de rehabilitación”, argumenta.

Al no haber ese control, dice, son los grupos criminales los que realmente mandan en los centros de rehabilitación, facilitando actividades delictivas.

En su análisis, esos puntos van de la mano con que hay leyes que están orientadas a favorecer al infractor, en vez de a la víctima. Considera que aquella situación ha hecho que no se discipline ni a los ciudadanos, ni a quienes no respetan las normas legales e incurren en actos delictivos.

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Para Carrión, estas realidades hacen ver la necesidad de reformar cuerpos legales, de manera que, a más de señalar los derechos, también se estipulen las obligaciones, de la manera más equitativa posible y restando las facilidades para burlar la ley. 

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