En el marco del llamado caso Blanqueo Fito, que investiga una presunta red de lavado de activos vinculada al entorno familiar del cabecilla criminal José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, una nueva pista llama la atención: un documento judicial reciente sugiere un giro en la defensa legal de uno de los principales implicados.

Se trata de Yandry Nicomedes Macías Villamar, hermano del líder de Los Choneros, quien fue detenido durante el operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía en junio de 2025. A él se le investiga por su posible participación en una estructura que habría movido millones de dólares mediante empresas fachada y adquisiciones sin respaldo económico justificable.

Ahora, una autorización firmada por el propio Yandry Macías confirma que su representación legal ha sido delegada a dos abogados con sede en la ciudad de Cuenca. 

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En el documento, dirigido a la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, el implicado agradece a sus anteriores defensores y solicita que los nuevos abogados actúen en su nombre para el desarrollo del proceso en curso, específicamente en una causa que se encuentra en etapa de apelación.

Etapa clave en el caso Blanqueo Fito

El cambio de defensa coincide con una etapa clave del caso, que investiga no solo el presunto lavado de activos, sino también vínculos contractuales, posibles testaferros y la ampliación del patrimonio familiar de alias Fito. La investigación de la Fiscalía ha apuntado a tres “brazos financieros” de la organización, de los cuales Yandry sería parte central.

¿Qué es el caso Blanqueo Fito?

El caso Blanqueo Fito es una investigación liderada por la Fiscalía General del Estado que busca desmantelar una presunta red de lavado de activos vinculada al entorno familiar de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. 

El operativo, ejecutado en junio de 2025, incluyó 33 allanamientos en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, y dejó como resultado la detención de seis personas, entre ellas familiares directos del líder criminal, como su pareja sentimental Verónica Briones, suegros y un hermano.

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Según la Fiscalía, esta estructura habría movido más de 24 millones de dólares entre 2016 y 2024 a través de empresas fachada, inversiones inmobiliarias y transacciones bancarias sin justificación legal. El objetivo del grupo sería ingresar dinero de origen ilícito al sistema financiero formal, camuflándolo como actividad legal. La investigación reveló un esquema de tres “brazos familiares” que operaban con vínculos cruzados, utilizando incluso conexiones con instituciones públicas y proveedores del Estado.

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