El quehacer político sigue tornándose de alto riesgo. Así lo demuestra el segundo magnicidio registrado esta semana, tras el asesinato a tiros en el cantón Portovelo, El Oro, de su alcalde, Jorge Armando Maldonado Sánchez.

Sucedió luego de casi 48 horas del crimen de José Sánchez Reyes, alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, perteneciente a Azuay. Sus atacantes lo balearon en su ciudad de mando cuando hacía ejercicios.

Para Mauricio Alarcón Salvador, analista en temas políticos, ambos hechos no tienen que ser vistos como asuntos electorales, a pesar de estar a puertas del referéndum de este 21 de abril. “Tienen que verse como lo que son: un tema político. Se transmite un mensaje, y es que ejercer un cargo político en Ecuador ya es, ahora, una actividad de altísimo riesgo”.

Esto desmoviliza a nuevos aspirantes, genera temor y desmotiva a la gente, porque es una ‘censura’ violenta la que se está aplicando. “Así, las personas van a pensar mucho antes de dar el paso para una siguiente candidatura”.

Además, para Alarcón Salvador se debe tomar muy en cuenta que este reciente magnicidio, al igual que el del alcalde de Ponce Enríquez, se dio en un área donde hay un alto índice de actividad minera ilegal. “Es una medición de fuerzas con los grupos terroristas que operan en la zona. Y mientras el Gobierno no haga su trabajo, estamos a merced de estos criminales”.

Alejandro Rayran, investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, coincide con lo expuesto por Alarcón Salvador. “Estos hechos violentos son una suerte de ‘pulso’ entre el Estado y las fuerzas criminales por el control del territorio. Es evidente un ejercicio de desafío al poder establecido desde el Gobierno”.

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Rayran añade que si bien estos casos demuestran la fragilidad de los políticos, también podría reforzar la necesidad de seguridad que se aborda en el referéndum. “El tema de la inseguridad y cómo combatirla fue la bandera con la que el presidente Daniel Noboa se lanzó. Son muy lamentables estos asesinatos, pero a la larga podrían fortalecer en términos políticos al presidente, así como la idea de que debe reforzarse la seguridad a través de la consulta”.

El ataque se produjo cuando Maldonado Sánchez se detuvo en una tienda para saludar a unos colaboradores. Álvaro Rocha, jefe de la Policía de El Oro, explicó que dos individuos, presuntamente de nacionalidad venezolana, a bordo de una motocicleta negra se acercaron y realizaron múltiples disparos, causándole la muerte. “Producto de esto fue trasladado hasta el centro de salud, donde ya el señor fallece”, reveló el jefe policial.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo para dar con los responsables. Se encontraron tres indicios balísticos en la escena del crimen y la motocicleta utilizada fue hallada abandonada en el sector El Osorio, en la Y que conecta los cantones Portovelo y Piñas.

El alcalde no contaba con seguridad privada ni resguardo policial en el momento del ataque, ya que no se habían reportado amenazas previas en su contra. Ante la escalada de violencia, el coronel Rocha anunció que todos los alcaldes de la provincia de El Oro recibirán resguardo policial como medida preventiva.

A través de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) se trabaja para cotejar indicios y si este nuevo asesinato tiene que ver con la muerte del alcalde de Camilo Ponce Enríquez, liquidado el pasado miércoles. Ambos cantones son mineros.

Minutos antes de bajarse a la tienda, Maldonado tuvo una reunión con funcionarios del Municipio. Luego, acompañado de personal del cabildo, salió y se dirigió al negocio, a donde también llegaron los dos sujetos que le propinaron los tres tiros en la cabeza.

“El alcalde era el objetivo. Había personas cerca, pero fueron directamente a él. La intención era matarlo porque los tres tiros fueron a la cabeza. Los asesinos cubrían sus rostros con capucha y utilizaban gorras. Están identificados, ya sabemos quiénes son los autores materiales”, indicó una fuente policial.

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El oficial manifestó que agentes de la Dinased, tanto de Azuay como de El Oro, están investigando para establecer si existe relación entre los asesinatos de ambos alcaldes, que dirigían estos dos cantones ubicados a menos de tres horas de distancia.

“No es una coincidencia que sean localidades dedicadas a la minería y en ambos existe minería ilegal, aunque los hechos ocurrieron de forma diferente. El alcalde de Ponce Enríquez se dedicaba a la minería, estaba amenazado y por eso andaba con escolta personal y policial. Estamos analizando el perfil del alcalde de Portovelo, ya que no había sufrido atentados, no tenía amenaza”, detalló.

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